Análisis de los Presupuestos Generales del Estado 2015

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La FSC-CCOO analiza los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y su incidencia en el empleo público. En el texto se destaca que la reforma fiscal y el Programa de Estabilidad —que prevé una congelación del gasto público— apuestan por un sector público cada vez más pequeño y con menos capacidad de intervención, y por unos servicios públicos que no crecen al ritmo de las necesidades de la población, lo que afectará negativamente a su calidad.


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La reforma fiscal impulsada por el Gobierno reducirá la recaudación en 9.059 millones en los próximos dos años (5.981 del IRPF y 3.078 millones del impuesto de sociedades), en consonancia con los datos anunciados en el Programa de Estabilidad 2014–2017.

Consejo federal de FSC-CCOO. Madrid, 14 y 15.01.15. Archivo FSC-CCOO
Consejo federal de FSC-CCOO. Madrid, 14 y 15.01.15. Archivo FSC-CCOO

La pérdida de recaudación se situará muy por encima de los 9.000 millones y cercana a los 12.000 millones. La reforma fiscal y el Programa de Estabilidad —que prevé una congelación del gasto público— apuestan por un sector público cada vez más pequeño y con menos capacidad de intervención, y por unos servicios públicos que no crecen al ritmo de las necesidades de la población, lo que afectará negativamente a su calidad.

La deuda pública se situará en 2015 ligeramente por encima del 100 % del PIB, en un nivel superior al billón de euros.

El proyecto renuncia a aumentar las partidas de gasto con mayor efecto multiplicador sobre la demanda interna o lo hace de manera claramente insuficiente.

Inversión pública

Con respecto a la inversión pública, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2015 plantean un incremento de la inversión pública (incluidas transferencias de capital) de 1.557 millones.

Según el proyecto de PGE, la política de infraestructuras dispondrá de 6.141 millones en 2015, con un aumento interanual del 12,6 % y 687 millones más. De este presupuesto la inversión en infraestructuras concentra 2.882 millones, con un aumento anual del 3,7 %.

Adicionalmente y al igual que años anteriores, el grueso de la inversión pública en infraestructuras (el 70 %) se realiza fuera de los PGE, a través del sector público empresarial (ADIF, AENA, SEITTSA, Puertos del Estado, Sociedades de Aguas, etc.), que invertirá 6.587 millones en infraestructuras en 2015.

En total, el conjunto de la Administración General del Estado prevé invertir 9.469 millones en infraestructuras, tanto dentro como fuera de los presupuestos. Al ubicar fuera de los PGE la mayor parte de la inversión en infraestructuras, dicha inversión se elimina del cálculo del déficit público, presentando así un saldo más favorable de las cuentas públicas.

Una parte importante del ajuste del déficit se ha pospuesto para después de 2014, seguramente en la confianza de que la recuperación se consolide

El repunte de la inversión en 2015 no debe hacernos olvidar que parte de niveles muy bajos, quedando mucho camino por recorrer para recuperar el terreno perdido. La inversión fue, junto al empleo, la variable que más se ajustó con la crisis. Como consecuencia, su volumen actual se sitúa en un nivel similar al que tenía a principios de siglo.

La novedad es que el Gobierno espera que por primera vez tras siete años de caída, la inversión en construcción aumente en 2015 (3,1 %) impulsada por la tenue mejora en la inversión pública y principalmente debido a la inversión privada en infraestructuras.

Déficit
Si finalmente se cumplen los objetivos de déficit fijados, entre 2011 y 2014 habrán sido las comunidades autónomas las que hayan asumido un mayor peso del ajuste del déficit en términos del PIB, seguido por la Administración central y, en menor medida, las corporaciones locales, que, no obstante, serían las únicas en presentar cuentas equilibradas en 2014.

De cumplirse las previsiones del Gobierno, en 2017 la Administración central sería la única que presentaría déficit en sus cuentas, mientras que el resto de administraciones deberían tener sus cuentas en equilibrio.

Una parte importante del ajuste del déficit se ha pospuesto para después de 2014, seguramente en la confianza de que la recuperación se consolide y la propia evolución favorable de la economía facilite la necesidad de ajuste real de las finanzas públicas, para posibilitar el recorte del déficit público previsto por el Gobierno: −1,3 % del PIB en 2015, −1,4 % del PIB en 2016 y −1,7 % del PIB en 2017.

Aunque el ajuste de las cuentas públicas procede de actuar sobre el gasto y sobre los ingresos públicos, el impacto de las medidas adoptadas por las administraciones desde 2012 o las previstas hasta 2016 se orienta, en mayor medida, al recorte de gastos consolidando la situación de debilidad del sector público en España.

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