Un nuevo “semestre europeo”

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Ha comenzado un nuevo ciclo anual de coordinación de la política económica y presupuestaria durante el cual se ofrecen orientaciones a los Estados miembro antes de que adopten sus decisiones a escala nacional. El Informe al Consejo de FSC-CCOO destaca que, aunque en la totalidad de documentos recientes de la Comisión Europea se enfatice más la palabra “crecimiento”, el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sigue defendiendo la política de austeridad y recortes que promovió como presidente del Eurogrupo y que tan pésimos resultados ha dado.


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Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento
El semestre europeo comienza cada año cuando la Comisión publica el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, cuya edición para 2015 se publicó el pasado 28 de noviembre.

En dicho informe se reconoce que el crecimiento sigue viéndose frenado como consecuencia de la fragmentación de los mercados financieros derivada de la crisis financiera y de la deuda soberana; de la necesidad de reducir la deuda de las empresas, los hogares y las administraciones públicas; del incompleto ajuste de los desequilibrios macroeconómicos; y de un debilitamiento de la confianza achacable a la incertidumbre existente respecto de las perspectivas económicas y el compromiso de cara a la adopción de reformas estructurales e institucionales.

Las recetas que se imponen a los Estados miembro siguen siendo las mismas: compromiso renovado de emprender reformas estructurales y perseverancia en la responsabilidad presupuestaria

También se resalta que el exiguo aumento de la productividad, los bajos niveles de inversión y el elevado desempleo estructural limitan las perspectivas de crecimiento en Europa.

Pero las recetas que se imponen a los Estados miembro siguen siendo las mismas: compromiso renovado de emprender reformas estructurales y perseverancia en la responsabilidad presupuestaria.

Se fijan como objetivos:

La plena realización del mercado único en el ámbito de los bienes y servicios, mediante la supresión de las barreras normativas o la aplicación ambiciosa de reformas estructurales en los mercados de productos y servicios y en el mercado laboral.

Las asociaciones público-privadas y la gobernanza de las empresas públicas deben configurarse cuidadosamente de modo que el gasto público y el gasto privado resulten más eficientes. La contratación pública debe abrirse más.

Aumento de la eficiencia en la administración pública. Las administraciones públicas de toda la UE siguen enfrentándose al desafío de “ofrecer más con menos”.

Informe sobre el mecanismo de alerta
El informe sobre el mecanismo de alerta (IMA) fue publicado en la misma fecha. Es el punto de partida del ciclo anual del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), cuyo objetivo es detectar y corregir los desequilibrios que dificultan el correcto funcionamiento de las economías de los Estados miembros o la economía de la UE en su conjunto.

En su apartado referido a España, la Comisión concluyó mediante la publicación de los “Resultados de los exámenes exhaustivos realizados de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos” que “España estaba experimentando desequilibrios económicos que requerían un seguimiento específico y la adopción de medidas resueltas, en particular en lo que se refiere a los elevados niveles de deuda interna y externa”.

Por lo que se reitera que “en general, la Comisión considera conveniente, teniendo también en cuenta la detección de desequilibrios en marzo de 2014, que se requieren medidas resueltas, examinar más a fondo los riesgos que conlleva la persistencia de los desequilibrios o su corrección”.

Debido al reducido capital inicial del Plan de Inversión Europeo, sólo serán financiables aquellos proyectos cuya rentabilidad privada no sea discutible, eliminando de la escena aquellas inversiones con un mayor carácter de bien público

Buena muestra de esto es el resultado que se desprende del contenido aprobado para los Presupuestos Generales del Estado para 2015, en absoluta sintonía con lo aprobado en el Programa Nacional de Reformas y que serán en la práctica o en gran medida los de 2016, debido a la obligada disolución de las Cortes Generales antes del 20 de noviembre de este año y la convocatoria de elecciones generales, lo que impedirá la aprobación de unos nuevos, salvo que se produzca un adelanto electoral.

Aunque en la totalidad de documentos recientes de la Comisión Europea se enfatice más la palabra “crecimiento”, el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sigue defendiendo la política de austeridad y recortes que promovió como presidente del Eurogrupo y que tan pésimos resultados ha dado.

Plan de Inversión Europeo
Como única novedad, se ha presentado el denominado Plan de Inversión Europeo de 315.000 millones para el periodo 2015-2017. El plan presentado se centra en la creación de un fondo especial con un capital inicial de 5.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 16.000 millones adicionales del presupuesto de la Comisión Europea mediante garantías.

A partir de estos 21.000 millones de euros, el nuevo vehículo se endeudaría, respaldado por el BEI y la Comisión, hasta 63.000 millones de euros. Esta financiación inicial debería usarse para impulsar proyectos con una participación privada estimada en 252.000 millones de euros, sumando así los 315.000 millones de euros globales del programa a invertir en el trienio 2015-18.

Debido a ese reducido capital inicial, sólo serán financiables aquellos proyectos cuya rentabilidad privada no sea discutible, eliminando de la escena aquellas inversiones con un mayor carácter de bien público, donde los beneficios son más difícilmente apropiables, que suponen a su vez los principales objetivos a financiar: infraestructuras de transporte, redes de telecomunicaciones y energía.

De nuevo, todo se orienta al desplazamiento de las responsabilidades que los poderes públicos tienen en la ordenación y fomento de la actividad productiva y la economía, en beneficio de la actividad privada, así como a la gestión de bienes públicos mediante fórmulas que impidan el retorno de los beneficios al espacio público y lo alejen del control y supervisión democráticos por parte de las instituciones y la ciudadanía.

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