Tratamiento sindical de la violencia de género

Campaña UNI Violencia de género
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Un sindicato de clase ocupado y preocupado en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores no es ajeno de ninguna forma a un problema como la violencia sobre las mujeres, que afecta a un derecho básico de las personas como es el derecho a la vida. 

María del Mar Vicent
Secretaria de Mujer de FSC-CCOO País Valencià
Por otra parte, el sustento ideológico que alimenta la violencia de género exige la respuesta coordinada integral de los poderes públicos, las organizaciones políticas y sociales y la sociedad en su conjunto, sin que haya fisuras ni reticencias para conseguir ese cambio en la conciencia colectiva que frene la violencia machista.

Eventualmente, las agresiones pueden producirse en el entorno laboral, lo que impone la existencia de protocolos de protección hacia las mujeres que estén amenazadas, así como de la necesaria sensibilización que permita la reacción necesaria.

La acción sindical debe caminar en dos direcciones: en principio, lo más urgente es que ha de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG) en el ámbito laboral. Para ello el primer requisito es la identificación de ésta. Y sin embargo, la ocultación de su situación por muchas mujeres que no quieren verse señaladas hace difícil el ejercicio de estos derechos. La falta de acreditación, tal y como se determina en el artículo 23 de la LOMPIVG, impide que se pongan en marcha los mecanismos de protección previstos.

Tanto en el ámbito privado como en el público, un gran número de los casos que puedan producirse quedan enmascarados en otras circunstancias, para evitar el efecto señalador que una correcta identificación supondría.

El sustento ideológico que alimenta la violencia de género exige la respuesta coordinada integral de los poderes públicos, las organizaciones políticas y sociales, y la sociedad en su conjunto

Por otra parte, algunas de las medidas previstas en la misma ley, como la reducción de jornada, implican reducciones salariales que no son asumibles en la frágil situación económica de estas mujeres. Otras, como el cambio de puesto de trabajo, sólo son posibles en el caso de empresas con varios centros de trabajo.

Otro empeño sindical como factor imprescindible que permite superar situaciones personales y familiares peligrosas sería facilitar el acceso al mundo laboral de las mujeres que quieren escapar de situaciones de violencia. Esto debería ser tenido en cuenta sindicalmente a la hora de optar a un puesto de trabajo.

Por último, la violencia sobre las mujeres no se manifiesta sólo en el ámbito doméstico por parte de parejas o exparejas, sino que a veces, en un sentido más amplio del que la ley define, también se produce en entornos laborales. Es el acoso sexual o por razón de sexo, que aunque está definido con claridad y penalizado convenientemente, sigue ofreciendo enormes dificultades para su identificación, denuncia y erradicación.

 

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