La necesidad de mejora de los servicios sociales en su contribución contra la violencia de género

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La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género pone de relieve la especial importancia que tienen las funciones de prevención, sensibilización, detección e intervención precoz en la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Por ello dedica el Título I a desarrollar estas cuestiones.

Rosana Costa Navarro
Responsable del Sector de Intervención Social de FSC-CCOO
En efecto, esta ley establece, mediante tres capítulos diferenciados, la obligación de adoptar diversas medidas de prevención, sensibilización y detección de situaciones de violencia de género, tanto en el campo de la publicidad, como en los ámbitos educativo y sanitario respectivamente.

Sin embargo, la ley no hace referencia expresa a los servicios sociales como sistemas públicos con entidad técnica y jurídica propia, así regulados a nivel autonómico. Esto constituye, en nuestra opinión, un importante déficit que condiciona la aplicación plena de los principios de responsabilidad pública, integralidad y transversalidad en el conjunto de las actuaciones encaminadas a la erradicación de la violencia de género y limita la efectividad de las mismas.

Mientras la Administración educativa y la sanitaria tienen establecidas por ley obligaciones y responsabilidades dirigidas a la erradicación de la violencia que sufren las mujeres y tienen que desarrollar medidas en el seno de sus propios sistemas, el título I de la ley estatal no hace referencia a los sistemas públicos de servicios sociales como tales, ni a las obligaciones, funciones, responsabilidades y cometidos que desde las administraciones sectoriales concernidas deberán desarrollarse en el seno de estos sistemas de protección social.

Son numerosas las mujeres que, en primera instancia, expresan sufrir problemas de violencia de género en el ámbito de los servicios sociales municipales

Pese a este vacío legislativo en cuestiones como la asignación de funciones y garantías de formación y reciclaje de los profesionales de servicios sociales, así como en la asignación de cometidos de evaluación, planificación y seguimiento a los propios órganos de gobierno y participación de este sistema de protección social, la realidad es que los servicios sociales municipales o de primer nivel, por su propia naturaleza y objeto social, constituyen un entorno clave para actuar en pro de la prevención y detección de situaciones de maltrato y/o violencia contra las mujeres.

De hecho, son numerosas las mujeres que en primera instancia expresan sufrir problemas de violencia de género en el ámbito de los servicios sociales municipales. No siempre es el motivo explícito por el que las mujeres acuden a estos servicios y la demanda puede presentarse con mayor o menor grado de precisión.

Estos procesos iniciales comportan una actuación profesional de información, asesoramiento y acompañamiento que precisan de una adecuada cualificación, dado que en este contexto se produce la primera toma de decisiones por parte de las mujeres víctimas de violencia encaminadas, en el mejor de los casos, a la superación de esta situación, y pueden transitar, si procede, hacia servicios y/o apoyos especializados.

Este vacío que presenta la ley 1/2004 puede explicarse en parte —que no justificarse— por la carencia de una ley estatal de servicios sociales.

Aunque todas las leyes autonómicas de servicios sociales contemplan como propias las funciones de sensibilización, prevención, detección y promoción social ante esta naturaleza de problemas, el vacío y ambigüedad legislativa a nivel estatal ha repercutido en el contenido final de las diferentes leyes integrales autonómicas contra la violencia de género.

Si bien todas hacen referencia a los sistemas de servicios sociales, existe gran disparidad entre ellas en cuanto a las funciones y responsabilidades específicas que se les asignan, así como disparidad en cuanto a la tipología, calidad, suficiencia e intensidad de cobertura de las prestaciones, servicios, programas y medidas que deben disponer.

Ante esta indefinición y ambigüedad de responsabilidades en materia de servicios sociales, en no pocas ocasiones las Administraciones privatizan y precarizan el total de la actividad con una argumentación sesgada que induce a concebir la privatización como hecho indisociable de una oferta de atención especifica y especializada a la mujer. De igual modo, se confunde la promoción de la participación de los movimientos y organizaciones sociales con la inhibición por parte de las Administraciones del ejercicio de las responsabilidades y potestades que les son propias.

Los derechos que la ley integral 1/2004 reconoce a las mujeres no podrán ser plenamente ejercidos si estos, a su vez, no tienen adecuado traslado y reflejo en los distintos sistemas de bienestar implicados. En ese sentido, el papel de los servicios sociales de responsabilidad pública en el desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero debe ser analizado y mejorado.

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